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Buenas tardes,
En primer lugar vamos a dejar claro el concepto. El art. 106 de la Ley 39/2015, establece al respecto lo ss:
” Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.”
En virtud de lo anterior podemos ver como el apartado 1 hace referencia a la revisión de ACTOS nulos de pleno derecho (por concurrir una de las causas de nulidad del art. 47.1), revisión que puede instarse por iniciativa propia de la Administración o a instancia de los particulares. Todo lo anterior contra actos que son firmes en vía administrativa, bien porque se han agotado ya todos los recursos admtvos disponibles, o bien porque éstos no se han interpuesto en plazo.
Por otro lado, el apartado 2 hace referencia también a la revisión por nulidad de pleno derecho, pero en este caso, de DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL (reglamentos, ordenes, etc.). En este caso sólo se puede instar de oficio.

También apuntar que, en ambos supuestos no hay plazo, ya que tanto el apartado 1 como el 2 dice expresamente “en cualquier momento”.
Por lo tanto, y en relación a tu pregunta, la revisión de oficio de actos nulos puede iniciarse tanto por propia iniciativa de la Administración como a instancia de parte (aunque su propia denominación hable de revisión de oficio).
Saludos.