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En mi opinión, y partiendo de una obra que se realiza en ejecución de sentencia, es decir de un hacer no personalísimo, y conforme a lo establecido en el art. 706 de la LEC, se valorará previamente por el perito el coste de dicha obra determinando el tribunal, a la vista del informe y mediante PROVIDENCIA, la cantidad procedente.
Si luego resulta que la obra plantea un coste superior, yo entiendo que esa diferencia deberá asumirse por el ejecutante, puesto que ya ha existido una resolución judicial basada en un informe pericial para la determinación del coste, por lo que el ejecutante debiera haberse ajustado a dicho coste. En otro caso, si se admitiría un coste mayor, dejaría en manos del ejecutante y la empresa con la que acuerde la ejecución de la obra el coste de la misma, el valor de la obra, con lo cual todo el proceso anterior – la determinación judicial de su coste previo examen pericial- sería inútil.
En cualquier caso, no estaría de más saber la razón por la que se facturó un coste superior al proyectado por el perito (se mejoraron la calidad de los materiales, se amplió en algo la obra inicial, ..), pues alguna razón se supone que habrá, y en este caso, habría que ver si dichas ampliaciones extralimitan lo fijado en la sentencia, lo que se supone que en principio será así, pues sino el dictamen pericial inicial hubiera sido de un valor superior.
Además, como el tribunal habrá fijado la cantidad, después del examen pericial, mediante la oportuna PROVIDENCIA, lo lógico es que el ejecutante hubiera recurrido en ese momento la rsolución, si esta no se recurre en forma y luego dice que la obra es más cara, pues, no sé, pero me parece difícil que le hagan caso.
SALUDOS