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Buenas Tutor. Andamos viendo con detenimiento las cosas que más me
cuesta entender en lo relativo a materia constitucional.

Son conceptos que necesito afianzar con mediante algún ejemplo para
evitar posibles “emboscadas”.

ARTÍCULO 13

La Extradición solo se concederá en cumplimiento de Tratado o Ley
basado en criterios y principios de reciprocidad. Bien en principio
solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos
de participación (23) salvo que atendiendo a criterios de
reciprocidad pueda establecerse por Tratado o Ley el derecho de
sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

¿Podríamos explicarlo de una manera un poco más didáctica y
comprensible? Además imagino que ese sufragio antes activo y ahora
también pasivo viene dado por la reforma constitucional de 1992
relativo al Tratado de Maastricht. (Imagino que irá por poder ser
electores y elegibles)

RESPUESTA:

Efectivamente, la novedad que se introdujo en el año 1992 fue el reconocimiento del sufragio PASIVO.

El texto originario del artículo 13 de la Constitución no es el actualmente vigente, pues el apartado segundo fue modificado en 1992.

El detonante de la reforma fue la firma por España del Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992 (Tratado de Maastricht), como consecuencia de lo cual y previamente a su ratificación hubo que dar una nueva redacción al art. 13.2 CE, a fin de extender el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de cada Estado a los nacionales de los otros Estados de la Unión que residan en él.

Con ello se daba un importante paso en la integración política de los pueblos, en la libre circulación de personas dentro de la Unión y en la configuración de la ciudadanía europea.

De esta manera, el reconocimiento a los nacionales de los Estados de la Unión Europea del derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales era contrario al artículo 13.2 de la Constitución, por cuanto éste solo contemplaba la posibilidad de extender a extranjeros la titularidad del derecho de sufragio activo.

Ello hacía imposible, por tanto, la ratificación del Tratado de Maastricht, por lo que previamente hubo que reformar dicho artículo constitucional.

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ARTÍCULO 17

En principio la detención preventiva para poner en libertad o a
disposición judicial al detenido no podrá durar más del tiempo
estrictamente necesario que se necesite para conocer todo con plazo
máximo de 72 horas desde su detención. Bien, ahora en caso de estado
de excepción o sitio podría suspenderse ese plazo máximo de 72h y
ampliarse otras 48 horas como máximo esta pequeña prórroga (además
de las 72h anteriores) necesario para los investigadores, siempre que
se comunique dentro de las primeras 48 horas y sea autorizada en las
24h siguientes por el Juez.

Es decir, en ese caso se amplia hasta 48h más de las 72h que había
como máximo y dentro de esas 72h es necesario comunicar que va a
haber prórroga con un máximo de 48h. Por último las últimas 24 h
(último día) debe autorizarse por el Juez. ¿Correcto? ¿Algún dato
mal?

RESPUESTA:

La prisión habrá de ser dictada por el Juez de forma motivada y deberá ser acorde con los fines de la medida, además de ponderar las circunstancias personales del procesado, sin que baste, pues, la alarma social o el carácter del delito para decretar la prisión, debiendo optar por otro tipo de medidas menos restrictivas cuando de ese modo se garantice la presencia en el juicio del encausado, pues no hay que olvidar que la prisión provisional es una medida de carácter cautelar.

Se admitirá prórroga de la prisión provisional sólo mediante resolución judicial motivada.

En cuanto a las suspensiones de derechos, hay:

-Suspensión general de derechos: En cuanto al derecho a la libertad y seguridad personales (art. 17 CE), declarado el estado de excepción o sitio, podrá procederse a la detención de cualquier persona siempre que existan fundadas sospechas de que esa persona vaya a provocar alteraciones del orden público, durante un plazo máximo de diez días, debiéndose comunicar en el plazo de veinticuatro horas dicha detención al juez, quien podrá requerir en cualquier momento información sobre la situación del detenido.

-Suspensión individual de derechos y libertades

El apartado 2 del artículo 55 contempla la posibilidad de que, sin necesidad de proceder a la declaración de los estados de excepción o sitio, se suspendan ciertos derechos y libertades “para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas”.

Los derechos y garantías cuyo ejercicio puede ser individualmente suspendido son, a tenor del texto constitucional:

– La garantía de la duración máxima de setenta y dos horas de la detención preventiva (art. 17.2)
– La inviolabilidad del domicilio y, por consiguiente, la garantía de resolución judicial para efectuar en él entradas o registros (art. 18.2)
– El secreto de las comunicaciones (art. 18.3)

La legislación de desarrollo, a la suspensión de estos derechos y libertades añadió la privación de otras garantías:

– Clausura de los medios de difusión, lo que supone afectar la libertad de prensa (art. 20)
– Suspensión de cargo público y privación del derecho de sufragio pasivo (art. 23.2)
– Declaración de ilegalidad y disolución de partidos políticos y asociaciones, frente a la libertad de asociación (art. 22)

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ARTÍCULO 18

Digamos que no podemos entrar a un domicilio ya que es inviolable
salvo consentimiento del titular, resolución de un juez o comisión
de flagrante delito. Por tanto el mero hecho de resolución judicial o
flagrante delito exime de la autorización del mismo para poder hacer
un registro en su domicilio. En caso de suspensión por estado de
excepción o de sitio no haría falta ningún consentimiento del
titular ni que haya resolución judicial ni habrá que esperar a que
cometa un flagrante delito. Simplemente se actuará y procederá al
registro sin orden judicial alguna en cualquiera de estos dos estados
siempre dando cuenta posteriormente al Juez de sus motivos e
intervenciones y sobre todo detenciones en caso de haberlas. También
en caso de bandas armadas o terrorismo se suspendería el secreto de
comunicaciones como prueba legal que fuera en perjuicio del interés
general o seguridad del estado pudiendo investigar de manera
individual a los detenidos. ¿Correcto? ¿Mal?.

RESPUESTA:

Correcto. La Constitución señala tres situaciones en las que se admite la entrada y registro domiciliarios: a) consentimiento del titular; b) resolución judicial; c) flagrante delito

Así mismo, la L.O. 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, prescribe -para los dos últimos estados- un régimen especial de inspecciones o registros domiciliarios en los supuestos en los que la correspondiente declaración comprenda la suspensión del art. 18.2 CE.

La regulación, no obstante, no está exenta de garantías sino que contempla, entre otros requisitos, la presencia de dos vecinos como testigos del registro domiciliario y el levantamiento de un acta del registro efectuado, acta que se remitirá al juez junto con la motivación del acto. (art. 17 y 32 L.O.).

Así mismo, en relación con el art. 55.2 CE, la LECrim, plantea la posibilidad de entradas y registros sin necesidad de autorización previa, aunque con la obligación de dar cuenta inmediata al Juez.

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ARTÍCULO 20

Otra cuestión que no me quedo 100% clara es la relativa a esos cuatro
derechos del artículo 20 en el que se menciona que no podrán ser
censurados previamente de ninguna manera. Por el contrario en caso de
suspensión por estado de excepción o de sitio si es posible
suspender uno de estos derechos en concreto la letra 20.1.a y 20.1.d
(Cláusula de conciencia y secreto profesional) así como secuestros
de publicaciones y grabaciones que no sea por la autoridad judicial.
¿Estos dos derechos sí pueden suspenderse? ¿Se oponen al precepto
de que no pueden censurarse previamente ninguno de ellos? ¿Alguna
razón obvia por la que se pueda hacer en ese caso? Necesitaría
algún ejemplo claro que haga entender bien tanto la cláusula de
conciencia como el secreto profesional.

RESPUESTA:

Todos los derechos englobados en el artículo 20 de la Constitución tienen en común que no podrán ser sometidos a censura previa, es decir, efectuar cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión en el ámbito de las libertades protegidas en el artículo 20 de la Constitución, especialmente haciéndolas depender del previo examen oficial de su contenido.

Por otro lado, el art. 55 CE establece la posible suspensión general (por las razones extraordinarios que motivan la declaración de lo estados de excepción o sitio), entre otros, de los derechos a la libertad de expresión, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (art. 20.1 a) y d) y el secuestro de las publicaciones, grabaciones u otro medio de información 20.5).

La adopción de estas medidas no podrá llevar aparejada ningún tipo de censura previa.