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Mi opinión es:

La Leyes Orgánicas son jerarquicamente superiores a las leyes ordinarias. Eso seguro.
¿ Los motivos?

Pues dos:

1.En las materias que regulan ( tal como tu dices).

LEY ORGÁNICA :Materias reservadas a Ley Orgánica y demás previstas en Constitución. LEY ORDINARIA : Pueden referirse a cualquier materia que no esté reservada por la Constitución , a otro tipo de norma y constituye el tipo de legislación habitual.

2. En el procedimiento de aprobación.( sobretodo)

LEY ORGÁNICA: Aprob, modif y derogac. por MAYORIA ABSOLUTA del Congreso de los Diputados(basta una simple del Senado), en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Y además, su aprobación no puede hacerla NUNCA una COMISIÓN parlamentaria.

LEY ORDINARIA:Pues no hace falta esa mayoria absoluta del Congreso de los Diputados. BASTA CON MAYORIA SIMPLE.
Y además, su aprobación puede ser en Comisión ( Leyes de Comisión), teniendo en cuenta las excepciones que dice la Constitución(reforma const.,asuntos internacionales, Leyes orgánicas, e bases y PGE).

Hasta lueguin…..

Tanto leyes orgánicas como leyes ordinarias son un mismo concepto (ley) y están al mismo nivel. Simplemente se diferencian en su procedimiento y en las materias a regular, pero se encuentran al mismo nivel.

Ello se demuestra en q no puede existir conflicto de jerarquía entre ambas, pues si una ley ordinaria regulara materias reservadas a ley orgánica, sería una ley ordinaria nula.
En otro supuesto, si una ley orgánica regula materias no atribuidas a tal carácter, no conserva su condición de ley orgánica, sino q se “convalida” como ley ordinaria.

Todo esto según mi profesora de Derecho Constitucional II, a la q aún no me atrevo a llevarle la contraria (menuda era).

💡
He querido decir DECRETOS LEYES aprobados por Diputaciones Permanentes IGUAL RANGO JERARQUICO QUE LAS LEYES ORDINARIAS.

Ojo¡¡¡¡¡¡ no quisiera confundir . 😆 😆 😆

Saludin…..

Pues te doy la razón, en esa no había caído y mira que es importante.

😳

Y ahora que pienso, cayó en el examen AGE del 2003 , y mira si soy cabezona que la puse como orgánica, cuando la respuesta era la de Habeas Corpus. Y me pasó lo mismo que ahora , razoné pensando en la importancia de la materia que regulaba ( momentos críticos los del examen para razonar).

Conclusión : Intentaré no tropezar tres veces con lo mismo.
Ese ejemplo que me has puesto duele, duele……

Saludiness…….

😥 😥 😥

Los [b]reglamentos[/b], en cambio, sí se rigen por el principio de [b]jerarquía[/b].

art. 23.3 de la [u]Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno[/u]:

[i]3. Los reglamentos se ajustarán a las siguientes normas de competencia y jerarquía:
• Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.
• Disposiciones aprobadas por Orden ministerial.

Ningún reglamento podrá vulnerar preceptos de otro de jerarquía superior. [/i]

A pesar de su nombre, los [b]reglamentos de la UE[/b] son equiparables a las [b]leyes[/b]:

Que la Constitución es la norma suprema del Ordenamiento español es cuestión que, aun cuando no se proclame expresamente en ninguno de sus preceptos, se deriva sin duda del enunciado de muchos de ellos, entre otros de sus arts. 1.2, 9.1, 95, 161, 163, 167, 168 y disposición derogatoria, y es consustancial a su condición de norma fundamental; supremacía o rango superior de la Constitución frente a cualquier otra norma, y en concreto frente a los tratados internacionales, que afirmamos en la Declaración 1/1992 (FJ 1). Pues bien, la proclamación de la primacía del Derecho de la Unión por el art. I-6 del Tratado no contradice la supremacía de la Constitución.

Primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes diferenciados. Aquélla, en el de la aplicación de normas válidas; ésta, en el de los procedimientos de normación. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están infraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto imperativamente en aquélla. La primacía, en cambio, no se sustenta necesariamente en la jerarquía, sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferentes razones. Toda supremacía implica, en principio, primacía (de ahí su utilización en ocasiones equivalente, así en nuestra Declaración 1/1992, FJ 1), salvo que la misma norma suprema haya previsto, en algún ámbito, su propio desplazamiento o inaplicación. La supremacía de la Constitución es, pues, compatible con regímenes de aplicación que otorguen preferencia aplicativa a normas de otro Ordenamiento diferente del nacional siempre que la propia Constitución lo haya así dispuesto, que es lo que ocurre exactamente con la previsión contenida en su art. 93, mediante el cual es posible la cesión de competencias derivadas de la Constitución a favor de una institución internacional así habilitada constitucionalmente para la disposición normativa de materias hasta entonces reservadas a los poderes internos constituidos y para su aplicación a éstos. En suma, la Constitución ha aceptado, ella misma, en virtud de su art. 93, la primacía del Derecho de la Unión en el ámbito que a ese Derecho le es propio, según se reconoce ahora expresamente en el art. I-6 del Tratado.

[i]Y así han sido las cosas entre nosotros desde la incorporación de España a las Comunidades Europeas en 1986. Entonces se integró en el Ordenamiento español un sistema normativo autónomo, dotado de un régimen de aplicabilidad específico, basado en el principio de prevalencia de sus disposiciones propias frente a cualesquiera del orden interno con las que pudieran entrar en contradicción.

Ese principio de primacía, de construcción jurisprudencial, formaba parte del acervo comunitario incorporado en virtud de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, pues se remonta a la doctrina iniciada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades con la Sentencia de 15 de julio de 1964 (Costa contra ENEL).[/i]

[b]DTC 1/2004, de 13 de diciembre de 2004[/b]